Heberto Castillo.

Los diputados del PRI abrieron el miércoles 23 de octubre el camino a la dominación yanqui de “nuestro” petróleo. La gesta nacionalizadora de 1938, encabezada por Lázaro Cárdenas, encuentra hoy a quien pretende anularla en la clase priísta neoliberal vergonzante. Habrá que llamarla así porque se avergüenzan de reconocerse neoliberales y desde el gobierno de Miguel de la Madrid buscan un apelativo que no les incomode y oculte su afán de entregarse, a la cacareada globalidad de la economía actual.

El drama de la entrega del petróleo mexicano, el que yace bajo territorio patrio, se inicia en los tiempos de José López Por illo y Jorge Díaz Serrano, pareja fatal que se dio a la tarea de perforar pozos y abrir válvulas para poner los hidrocarburos a disposición de los vecinos del norte, a pesar de todas las advertencias que muchos hicimos entonces.

La historia de los últimos 20 años recoge esos esfuerzos por defender petróleo y gas, y también la complicidad de quienes no se opusieron a la extracción masiva de los hidrocarburos para exportarlos y afirmaban que “los bienes servían para remediar males “y por ello podíamos y debíamos disponer del petróleo y el gas para sacar al país de la pobreza y “acostumbrarnos a la abundancia”, como ofrecía López Portillo.

Hubo también el silencio de muchos que por intereses personales no se sumaron a la lucha y dejaron hacer libremente al gobierno.

Miguel de la Madrid, discrepante de la política petrolera de López Portillo, no siguió aumentando la capacidad productora de crudo, pero mantuvo el ritmo de producción para obtener divisas con qué pagar la deuda que se había contraído para aumentar la capacidad de producción, aumentó los impuestos directos e indirectos a Pemex a costa de abandonar el mantenimiento de las instalaciones petroleras, en especial de las plantas petroquímicas, previendo su entrega a la iniciativa privada, de acuerdo con su estrategia de hacer que México se integrara, decía, a la globalidad de la economía mundial.

El impulsor de esta política, ahijado de Bush y de Thatcher, como lo señalamos desde el inicio de su gestión presidencial en estas mismas páginas, el presidente producto del fraude electoral, Carlos Salinas de Gortari, consideraba necesario que el gobierno de la República se deshiciera del mayor número de las empresas que, gracias a los preceptos contenidos en la Constitución de 1917, estaban bajo el control exclusivo de la nación. Eran otros tiempos, dijo Carlos Salinas en la Cámara de Diputados, en tribuna y en corto, cuando se reunía con las fracciones parlamentarias en su calidad de secretario de Programación y Presupuesto.

Para el gobierno de Miguel de la Madrid, expresaba CSG, el concepto de soberanía nacional como lo entendía la izquierda mexicana era obsoleto. La Constitución de 1917 era un conjunto de leyes y principios que obedecían a condiciones que regían la economía mundial a principios de siglo y no podían ser las mismas que imperaban en sus postrimerías. No se animaba a decirlo, pero lo sugería: esa Constitución era obsoleta, había que cambiarla. El capital extranjero era indispensable en el país, afirmaba, y las empresas del Estado no podían seguir en manos de éste so pena de ser cada vez menos eficiente. El gobierno era mal empresario per se, no por la corrupción ni por la antidemocracia que vivimos, como dice el pueblo, sino por naturaleza. “No hay gobiernos eficientes en el manejo de empresas comerciales ni industriales. Esa es una verdad demostrada por la historia”; le faltó decir que por la historia de la corrupción de las burocracias, jamás auditadas por representantes populares legítimos.

Las fronteras se desvanecían, decía Salinas, a medida que avanzaba la cibernética. La tecnología no tenía fronteras y debíamos recurrir a ella dondequiera que estuviera, cualquiera que fuese su país de origen. No era posible dominarla en el breve lapso, así que había que comprarla. Y como no se vendía en paquetes, teníamos que traerla con todo y sus técnicos y con todo y sus capitales. La competencia libre nos haría fuertes y libres. Todo era cuestión de voluntad, de decisión. No había que temer entrar al mercado mundial en igualdad de condiciones. ¿No proclamábamos los militantes de la izquierda que todos éramos iguales?

El discurso de Salinas era de ése o similar talante. Nunca la izquierda racional ha pregonado que todos somos iguales. Al contrario. No hay ni ha habido ni puede haber dos personas iguales en el mundo. Exigimos igualdad de derechos, que es algo distinto, por completo.

De la Madrid presidente y Carlos Salinas secretario de Programación y Presupuesto implementaron una política de entrega de las empresas de la nación a la iniciativa privada. Entiéndase, de entrega, no de venta. Por ello se hicieron las operaciones tan sucias como las que afloran en estos días. Carlos Salinas entró a la Presidencia a saco, a fuerza, porque tenía que terminar la obra emprendida en el sexenio de Miguel de la Madrid. La venta de las empresas de la nación se dio de la manera más sucia que imaginarse pueda el más pillo de los negociantes. Por ello las enormes fortunas que amasaron los hermanos Salinas, todos ellos, y sus amigos cercanos, a quienes habrá que investigar fiscalmente en vez de amenazar tan torpemente a los ciudadanos, como lo hace la Secretaría de Hacienda mediante sus estúpidos anuncios por la radio y la TV para inducirlos a pagar impuestos.

Tocó el turno de la venta ahora a la industria petroquímica, para seguir después con la empresa madre de nuestra independencia económica, Pemex. Por principio, habrá que decir que lo de básica y secundaria es un invento. En ningún país se manejan esos conceptos. Surgió en México a finales del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en 1958, con el reglamento decretado por él, en donde se tomaba en cuenta la necesidad de impulsar una rama de la química que crecía desde los inicios de la década de los treinta, cuando la Du Pont de Neumors realizó la síntesis del nylon en 1932, a partir del carbón.

Entre 1920 y 1930, el carbón mineral se convirtió en la primera materia prima de la síntesis de amoniaco, del metanol y del formol, indispensable para fabricar las primeras materias plásticas, como la baquelita. Era la época de la carboquímica. Pronto, el petróleo sustituyó al carbón como materia prima para elaborar derivados del carbono y dio lugar al nacimiento de la petroquímica.

El petróleo y el gas natural son ejemplo de la materia prima que se somete a una división repetida a fin de obtener sustancias más sencillas. Físicamente, sin que intervenga reacción química alguna, se obtienen del crudo y del gas seis de los llamados petroquímicos básicos en la nueva ley reglamentaria aprobada por el PRI en la Cámara de Diputados. Se trata simplemente de hidrocarburos, esto es, de compuestos del carbono y del hidrógeno, de esas materias primas que la Constitución exige sean manejadas exclusivamente por el Estado.

En efecto, el artículo 27 dice en su párrafo cuarto: “Corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible, de todos los carburos de hidrógeno”; además, precisa que para su uso o aprovechamiento “no se otorgarán concesiones ni contratos”.

Los hidrocarburos considerados como petroquímicos básicos son etano, heptano, hexano, pentanos, propano, butano; ninguno de ellos se hallaba entre los básicos, considerados así en la primera ley reglamentaria decretada por Adolfo Ruiz Cortines al término de su mandato en 1958. En ella “se atribuyó al Estado la exclusividad en la elaboración de los productos petroquímicos básicos” .Ruiz Cortines explicó que modificaba la ley de 1941 en relación con la petroquímica porque al surgir ésta, “el petróleo había dejado de servir únicamente como iluminante y como energético, puesto que debido al progreso tecnológico reciente se había creado una nueva y más importante rama de la industria petrolera…”.

Ahora esa industria es el futuro del petróleo, que no debe ser usado como combustible. En el nuevo reglamento a los derivados del petróleo que serían controlados exclusivamente por el Estado se les llamó “materias primas industriales básicas” y fueron, entre otras: amoniaco, polietileno, dodecilbenceno, butadieno, estireno, azufre, acetona, fenol, cloruro de etilo y etileno. El criterio usado para enlistarlos como básicos fue por su importancia económica y estratégica, de acuerdo con el criterio presidencial.

Sin más, por otro lado, la ley reglamentaria canceló los equívocos de la ley de 1941 y prohibió expresamente conceder, “por los servicios que se presten a las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos ni participación en los resultados de las explotaciones”.
Adolfo López Mateos ordenó la revisión de la ley petrolera de 1958 y se invitó para que participara en ella aun representante del sindicato. Se buscaba separar la industria petroquímica en “básica y de transformación”. El Reglamento de la Ley Reglamentaria del Petróleo fue expedido el 25 de agosto de 1959 dejando Pemex “la elaboración de los productos susceptibles a servir como materias primas industriales básicas que se obtuvieran de procesos petroquímicos fundados en la primera transformación química o proceso físico importantes, que se efectuara a partir de los productos o subproductos de refinación o de hidrocarburos naturales del petróleo y también de aquellos que, aunque derivaran de procesos ulteriores, tuvieran un interés económico fundamental para el Estado”.

La iniciativa privada podría participar en la elaboración de productos que fueran resultado de los procesos petroquímicos subsecuentes. Se advertía en el Reglamento que si surgía alguna duda sobre si la elaboración de algún producto correspondía o no a la petroquímica básica, la decisión quedaba en manos del presidente de la República.

Por lo anterior resulta evidente que el debate sobre cuáles productos deben ser considerados petroquímicos básicos y cuáles secundarios, es un debate falso. La decisión “técnica” depende del criterio político-económico del presidente de la República en turno. Es natural, entonces, que en una era de gobiernos privatizados o neoliberales, no haya productos básicos y se llegue al absurdo de considerar petroquímicos a las materias primas. Es equivalente a considerar como muebles a los árboles y como edificios al acero, el cemento, la arena y la grava.

El debate que no dieron los diputados y que debe darse en el Senado y en el país es si la privatización de 49 de las plantas petroquímicas existentes y de 100 en las que pueden establecerse en el futuro lastiman o no la soberanía nacional.

No se vale olvidar que los gobiernos de Estados Unidos no respetan el derecho internacional. Están frescas las agresiones de EU a Nicaragua, a Panamá, a Guatemala, a Cuba, a Irak. ¿Nos dirán como López Portillo en 1977: ”Los Estados Unidos ya no son como antes, ahora respetan los derechos de las naciones débiles”? ¿De veras?