Heberto Castillo.

Durante los últimos 13 años, los gobiernos de México se han empeñado en integrar a nuestro país al mercado mundial. La globalización de la economía -expresan sus voceros más conspicuos- exige que la política económica sea neoliberal o, para taparle el ojo al macho, “Iiberalista social”, como la bautizó Carlos Salinas. Hoy, en total descrédito, el moderno Antonio López de Santa Anna busca un nuevo nombre a la política de puertas abiertas al comercio mundial y al capital financiero internacional, pero se persiste en el empeño de integrar a México al mundo “moderno”, donde se tiene que competir con todos los grandes países industrializados para poder sobrevivir. Eso, al menos, se sostiene.

Los mexicanos tenemos que competir para poder existir como nación. La consigna parece ser: “Quien no es capaz de competir, no es digno de existir”. Los ejemplos que nos restriegan en los ojos son los países llamados “tigres de Asia”. En especial Corea del Sur, Taiwán y Singapur. La experiencia de estos duros años de neoliberalismo, de privatización de las empresas de la nación, de modernización de la planta productiva nacional parece no significar nada para el gobierno de Ernesto Zedillo. Pase lo que pase seguimos adelante con esa política porque no hay otro camino, o somos competitivos – ¡qué horrible palabra, por otro lado!- o nos hundimos en la miseria o desaparecemos como nación independiente. Los resultados alcanzados con esa política económica no se pueden ocultar. En lo macroeconómico, pesa sobre la nación la deuda más grande de la historia, la más grande de América petrolera y a la generadora de energía eléctrica, está semidestruida, y más de 150 mil micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, han quebrado, desaparecido o cambiado de rubro para dejar de producir y volverse importadoras de los bienes que manufacturaban.
En las cifras de la economía interna, el salario real es también el más bajo en poder adquisitivo en los últimos 50 años y ahora es la cuarta parte del que había hace 13 años; el desempleo crece vertiginosamente, y sólo en 1995 quedaron desocupados 2.5 millones de mexicanos más. Los productos del campo se quedan en él sin recolectarse siquiera porque o no tienen precio o no hay manera de sacarlos al mercado porque no hay caminos vecinales que lo permitan. El gobierno ha entregado las empresas de la nación a precios de regalo y actualmente se encuentra imposibilitada de pagar su deuda si no recibe más y mayores créditos. Los ingresos brutos por la venta de los productos petrolíferos y del turismo juntos (alrededor de 13,500 millones de dólares) no alcanzan para pagar siquiera los intereses anuales de la deuda externa, que ronda ya los 180 mil millones de dólares.

En 1995 se tuvieron que pagar 30 mil millones de dólares para cubrir lo que supuestamente era una deuda interna en teso bonos indexados al tipo de cambio del peso con el dólar en el momento del pago de los intereses o del vencimiento de los documentos. La amarga experiencia tenida con este tipo de bonos no sirvió de nada porque en 1996 se aprobó en el Congreso que el Ejecutivo pudiera emitir otra vez bonos indexados al tipo de cambio del peso con el dólar hasta por 16 mil millones de dólares, de tal suerte que, si ocurre otra devaluación brusca (lo que no es improbable), el país quedaría comprometido a pagar esa cantidad de dólares en un corto plazo, como ocurrió con los tesobonos.

A causa de esa deuda, el gobierno de, Zedillo hubo de recurrir al de Clinton para salir del apuro así fuera momentáneamente, lo que se logró con, paquete de crédito hasta por 50 millones de dólares que incremento de manera explosiva la deuda externa del país y que nos ató económicamente a Estados Unidos, de tal manera que ahora la política de México está de muchas maneras regida por los designios de Washington. Por eso la política neoliberal no puede dejarse de lado aunque cada vez haya más voces, incluso dentro del PRI, que lo exigen, porque ella conviene al gobierno y a los intereses de las grandes corporaciones del vecino país del norte.

Sabido es que el gobierno de Clinton exige que México cumpla con los acuerdos que contiene el TLC en esa dirección y que imponen a México la obligación de entregar a la iniciativa privada empresas de la nación en 1996 por 6 mil millones de dólares, y en 1997 por una cantidad similar. Con base en ese acuerdo, el gobierno de Clinton demanda que se continúe con la privatización de las empresas de la nación.

Por la vía de la concesión se han entregado carreteras, puertos, aeropuertos y están en vías de otorgarse los ferrocarriles de la nación así como la generación de energía eléctrica y las presas para irrigar grandes extensiones de tierra. Rasgos de obsesión tiene ya la demanda de que se vendan las plantas petroquímicas que México ha construido con tanto esfuerzo durante 30 años. En la prisa por venderlas, el gobierno atropella la constitución y las leyes de manera burda, y la licitación de algunas de ellas se lanza sin cumplir siquiera los requisitos que marca la ley para las empresas propiedad del Estado. El precio base que trasciende será punto de partida para la puesta en venta de la petroquímica dizque secundaria es de 6 mil millones de dólares, misma cantidad que en el TLC se compromete México a obtener de la venta de empresas de la nación.

Cabe señalar que la constitución de la república no establece ninguna distinción expresa entre las petroquímicas básica y secundaria, por lo cual la clasificación que leyes reglamentarias del artículo 27 han tratado de aplicar o de establecer para diferenciar la petroquímica básica de la secundaria, contrastando y hasta contraviniendo las normas que se siguen en los países a industrializados, es improcedente y anticonstitucional. El artículo 27 es preciso al respecto y no admite interpretaciones como las que se le quieren dar para justificar la venta de la petroquímica, pues ahí se dice que, en lo que respecta al petróleo:
y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos…el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes…
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni a subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.

La explotación del petróleo y del gas incluye necesariamente su beneficio; en consecuencia, la industria petroquímica que se pretende vender está amparada constitucionalmente. No puede ser vendida a particulares, sean estos hombres de negocios o fideicomisos como los que han propuesto los dirigentes del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Porfirio Muñoz Ledo. Lo que no se puede vender, obviamente no se puede comprar. Circula ya en eI país y se ha enviado a los consulados mexicanos en los países industrializados una carta firmada por miles de ciudadanos de muy diversa condición social y nivel cultural advirtiendo a los inversionistas que se interesen por comprar las plantas petroquímicas mexicanas que, de hacerlo, compran riesgos, pues la constitución mexicana especifica que la industria petrolera es propiedad inalienable e imprescriptible de la nación y que el pueblo de México hará valer su potestad por todos los medios legales a su alcance para devolver a la nación todos aquellos bienes indebidamente enajenados por el gobierno.

Debe quedar claro que desde cualquier posición que me toque tener en el PRD, sea la de presidente del partido o la de un simple militante de base, en caso de que el gobierno decida vender los bienes petroleros desoyendo el clamor popular que lo rechaza por anticonstitucional, llamaré al pueblo de México a defender esos recursos utilizando todos los medios legales a su alcance. Haremos todo lo necesario con tal de preservar para nuestros hermanos, hijos y demás descendientes, el petróleo que es patrimonio de todos los mexicanos, los de ahora y los de mañana.

La soberanía nacional es causa de todos los que sabemos que ella radica en el pueblo y que sin soberanía nacional no hay nación, no hay país. En México se han perdido muchos valores. Hay crisis económica, política, social, moral, ética. La justicia es una burla; la democracia, una ficción; la división de poderes, un mito. Los mexicanos tenemos que luchar desde muy abajo formando de nuevo las organizaciones revolucionarias que han sido destruidas en sus bases o han sido despojadas de sus principios y de su mística revolucionaria. Es el caso del PRD que surge de la unión -que no fusión- de muchas organizaciones de la izquierda (muchos de cuyos dirigentes se avergüenzan de identificarse con los principios que defendieron toda la vida, hasta antes de la caída de las naciones socialistas de Europa y de la URSS), y que, desde su fundación, no ha hecho suyas las causas de los obreros, campesinos y empleados.

Hay que rescatar los valores auténticos de esa izquierda que luchó por las causas de los obreros, campesinos, empleados, mujeres, jóvenes; que defendió la independencia económica y soberanía nacionales; que se enfrentó al imperialismo voraz que entonces enseñaba sus garras y sus colmillos mediante barcos portaaviones y desembarcos de marines, y todavía no se disfrazaba en las computadoras personales como inversionista especulador que, a través del internet, desestabiliza naciones. Luchamos por cambiar la imagen de este partido, por hacerlo congruente a los ojos del pueblo. Ahora mismo tenemos que hacer ver a los militantes y simpatizantes que nosotros no forjamos unidades de cúpula como en el PRI, que buscamos la unidad en las bases del partido con el voto directo de los militantes y simpatizantes del PRD; que, congruentes con nuestra historia personal, seguimos en la lucha buscando abrir caminos a la democracia en México, para que el pueblo elija a sus gobernantes, y también para que los militantes del PRD puedan hacerlo con sus dirigentes. Para demostrar que rechazamos la decisión unipersonal, los acuerdos de cúpula. Que deseamos, en fin, construir un partido con una dirección colegiada capaz de tomar las grandes decisiones colectivamente, no unipersonalmente. Un partido capaz de defender la soberanía nacional, tan gravemente amenazada por la apertura comercial indiscriminada.